Torturas: un informe va a la ONU

Desde la Cátedra de Criminología de la UNR presentaron un informe alternativo al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), que evaluará esta semana el cumplimiento por parte del Estado argentino de la Convención contra la Tortura  y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La situación de los menores detenidos en el Irar de Rosario es uno de los puntos que trata el informe.
La situación de los menores detenidos en el Irar de Rosario es uno de los puntos que trata el informe.

En el Informe la Cátedra de Criminología pone en conocimiento del CAT los avances, retrocesos, falencias y omisiones del Estado argentino y en relación a la provincia de Santa Fe en cuanto a su obligación de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos contenidos en la Convención (artículo 2). De este modo, informan sobre distintas cuestiones y violaciones a los derechos humanos ocurridas en la provincia de Santa Fe y que implican violaciones a la Convención contra la Tortura de la ONU, tales como:

Derecho de acceso a la asistencia jurídica y en particular la situación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos (como por ejemplo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hechos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de uso de la fuerza letal ilegal por parte de agentes del Estado provincial) o sus familiares en tanto se encuentran significativamente limitados para acceder a recursos sencillos y efectivos que les garanticen el acceso a la justicia y la verdad.

Agravamiento de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad menores de 18 años en dependencias de la Dirección de Justicia Penal Juvenil del Ministerio de Justicia de la provincia. “Se han constatado serias irregularidades respecto al cumplimiento de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención de adolescentes menores de edad”, sostienen. Y enumeran como problemas la superpoblación y hacinamiento, celdas inadecuadas, ausencia de higiene personal y mala alimentación, condiciones edilicias inadecuadas, carencias en materia sanitaria (plagas, insectos, ratas, falta de asistencia médica), falta de acceso a la educación, ausencia de oportunidades de recreación, entre otras cuestiones. También aseguran que se identificaron situaciones de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes sufridas por los jóvenes y condiciones sistémicas que las hacen posibles.

“Se constató la total inexistencia de mecanismos adecuados para la efectiva detección y sanción de la tortura y los malos tratos sufridos por los jóvenes, tanto respecto de las que suceden en las instituciones dependientes de la DJPJ como de las que ocurren previamente al ingreso o reingreso a las instituciones”, destaca el informe.

Detenciones

“Desde el momento en que no existen mecanismos adecuados de detección, surge también la inexistencia de registros adecuados, inexistencia de mecanismos para la protección efectiva de las víctimas y para evitar su repetición. Más aún, no existen mecanismos de rehabilitación ni de reparación para las víctimas”, agregan.

Casos de desapariciones forzadas de personas ocurridas en la provincia.

Hostigamiento a la Defensa Pública y procedimiento irregular de destitución del entonces Defensor General Gabriel Ganon.

Actual situación de implementación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura en Argentina. Asimismo, denuncian la excesiva mora del Estado provincial en el cumplimiento de su obligación de crear y poner en funcionamiento un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, tal como lo establece la ley nacional 26.827 sancionada en el año 2012, promulgada en enero de 2013, y reglamentada en abril de 2014, mediante decreto 465/2014.

Grave situación de violencia institucional en el departamento Rosario, como un fenómeno extendido y sistemático posibilitado por actuaciones inadecuadas de la administración de justicia provincial y el MPA. En este sentido, el informe hace referencia a distintos casos ocurridos en Rosario de uso ilegal de la fuerza letal por parte de agentes policiales y de las fuerzas de seguridad nacionales.

Fuente: El Ciudadano & la gente.