Subastarán la segunda tanda de autos secuestrados a bandas criminales

Será el 7 de marzo en la ciudad de Santa Fe. Aún no está definida la cantidad exacta de vehículos, pero adelantaron que serán entre 15 y 25.

 

En diálogo con UNO en la Radio (lunes a viernes de 16 a 18 por FM Sol, 91.50 Mhz), el secretario de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, contó que se está planificando la segunda subasta de bienes de organizaciones criminales, y que en esta ocasión se está armando un lote de entre 15 y 25 vehículos que serán rematados en la ciudad de Santa Fe (la primera fue en Rosario) el jueves 7 de marzo.

 

“Estamos viendo si terminamos los papeles y los trámites de cada vehículo. Si es así ya estaríamos haciendo la subasta el 7 de marzo y los últimos 15 días de febrero vamos a estar abriendo la inscripción a través de la web para todos los interesados que quieran participar y que se puedan inscribir en el portal de la provincia”, explicó.

 

En ese marco, el funcionario fue consultado sobre los detalles e información de interés respecto de la próxima subasta y también sobre la polémica desatada a nivel nacional, luego del Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente Mauricio Macri que planteó la posibilidad de rematar bienes secuestrados al narcotráfico y en causas de corrupción.

 

Son todos vehículos que están cuidados porque tienen muy poco tiempo en depósito

 

En esa dirección, también adelantó que la intención del gobierno provincial es repetir la metodología de las subastas cada tres o cuatro meses. “El espíritu de la agencia es que las subastas sean algo dinámico. Que se puedan hacer articuladamente cada tres o cuatro meses y de esta manera no se llenan los depósitos y se mantiene claramente la conservación de cada uno de ellos”, manifestó.

 

—¿Cuál es tu opinión respecto del debate sobre extinción de dominio planteado a partir del DNU del Presidente que debe ser ahora discutido en el Congreso?

—Que se instale el debate a nivel nacional lo celebramos porque creemos que ese es el camino de avanzar seriamente contra el crimen organizado. Entendemos que si se mira este tema con intencionalidad política se va a estar perjudicando a los argentinos porque realmente lo que hay que hacer es avanzar contra el crimen organizado y sacarles realmente los bienes a las personas que tienen gran poder económico. Esta figura no se aplica a las personas que robaron una bicicleta, se aplica a los que tienen toda una organización criminal muy fuerte. Que tienen abogados, contadores, escribanos, atrás de sus estructuras para el lavado de dinero. Realmente, apelamos al Congreso a que sea por ley porque da mayor seguridad jurídica y mayor firmeza para que los abogados a la hora de defender a los delincuentes no puedan plantear la inconstitucionalidad del decreto y así hacerlo más débil. Una ley del Congreso va a tener la solvencia que realmente necesita un tema como este y dar pasos fuertes contra el crimen organizado. De hecho se puede, porque Santa Fe lo hizo y el gobernador envió el mensaje de ley y se aprobó con todos los sectores políticos y apelamos a que se haga lo similar en Nación para que todos los argentinos podamos vivir mejor.

 

Nosotros tenemos dos galpones grandes, donde los vehículos se guardan, se conservan, y se lavan para que no se deterioren

 

—¿Cuándo se puede rematar un bien secuestrado, en este caso un vehículo?

—En Santa Fe, a diferencia de Nación que se emitió un decreto, hay una ley provincial que fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras. Lo que permite, a través de una agencia que se creó para poder administrar y disponer todos los bienes que provienen o se adquirieron fruto del delito, es que luego de seis meses de conservar los bienes (en este caso un vehículo) se pueda subastar, en los casos en los que mantener ese bien es más caro para el Estado que venderlo. Esa venta es posible a través de subasta pública con martillero público. También se puede hacer cuando ese bien no tiene interés probatorio para la causa. Ahí sí estamos habilitados para vender ese vehículo a través de subasta pública.

 

—¿Qué pasa con los planteos de inconstitucionalidad respecto de rematar un bien cuando la causa no está firme?

—La ley es muy audaz en nuestra provincia porque los vehículos son bienes muebles fungibles. Esto quiere decir que ese auto se puede reemplazar por otro del mismo año y modelo. Si en una causa penal con el paso del tiempo se termina absolviendo a la persona a la cual se le imputó el delito, el gobierno provincial le devolverá lo que se recaudó en la subasta, más los intereses. Tengamos presente que para los imputados es mucho mejor esto, que tener los autos cinco o seis años a la intemperie, tirados en depósitos judiciales, donde se terminan deteriorando y faltando piezas.

 

—¿Quién garantiza que los que compran los autos en la subasta no sean miembros de la misma organización delictiva que está siendo juzgada?

—Bueno, nosotros lo primero que hacemos es una preinscripción por internet para que todas las personas que quieran participar se inscriban. Luego, el Ministerio de Seguridad de la provincia en conjunto con el de Nación, cruzan los datos de todos los interesados para ver si tienen alguna vinculación con las organizaciones criminales a las que nosotros les sacamos los vehículos. Eso lo hacemos como una cuestión preventiva para que quienes quieran ir a comprar los vehículos no sean parte de la misma banda, sino que sean ciudadanos que realmente quieran participar de la subasta.

 

—¿Cuánto dinero se recaudó en la primera subasta?

En la primera se vendieron 17 vehículos y se recaudaron 4.045.000 pesos. Se completó el pago en la totalidad de los vehículos, menos en tres que están en debate judicial por una cuestión probatoria que no se resolvió, pero todos los demás ya abonaron la totalidad y está en poder de la agencia el monto recaudado.

 

—¿Cuál fue el más barato?

—El más barato fue por 90.000 pesos. Fue, si no me confundo un Clío y el más caro fue por 455.000 pesos, un Peugeot 207 full, año 2017. Son todos vehículos que están cuidados porque tienen muy poco tiempo en depósito, porque son de causas que ya estaban con la agencia funcionando. Nosotros tenemos dos galpones grandes, donde los vehículos se guardan, se conservan, y se lavan para que no se deterioren. Se los cuida, se controla batería y realmente están en el estado en el que ingresan. Los mantenemos en buenas condiciones para que quien lo adquiera lo pueda hacer en las mismas condiciones en las que entró.

 

—¿Qué se hizo con el dinero recaudado?

—Lo destinamos a políticas sociales. Compramos 200 tablets para donarlas a escuelas públicas, para los alumnos que no las podrían adquirir de otra manera. Adquirimos 18 proyectores y 18 equipos de sonido para donar a los salones de actos de las escuelas primarias y secundarias públicas. Compramos también insumos para establecimientos deportivos y estamos en la gestión de compra de un lavarropas industrial para un centro de salud que lo necesita.

 

—¿Se puede adelantar cuáles son algunos de los vehículos que se van a subastar el 7 de marzo?

—Estamos terminando el listado ahora. Sé que un Audi A3 está confirmado y estamos viendo dos Audi más. Estamos viendo si tienen interés probatorio o no, y en caso de que nos contesten que no la fiscalía, ya serían tres Audi que estaríamos subastando y después todos autos de gama media.

 

—¿Cómo es la subasta?, ¿desde cuánto se parte?

—La del 27 de octubre fue todo una experiencia nueva para nosotros porque no era algo que se venía haciendo. Lo que hicimos fue poner un valor de mercado de entre 60% y 70% de cada vehículo. Obviamente, teniendo en cuenta las condiciones de cada uno. Hicimos una ficha técnica de cada automovil y ese es el valor económico en el que empieza la puja. De ahí, se adquirien los vehículos en el valor en el que termina la puja. Un dato importante para los ciudadanos que compran estos autos es que nosotros hicimos un trámite ante Registro de la Propiedad del Automotor para cambiarles la chapa patente. Tienen una patente totalmente diferente a la que tenían con anterioridad. Esto para que a quienes les sacamos los vehículos no los puedan vincular y así darles seguridad a los ciudadanos.

 

 

 

Nota: Diario Uno Santa Fe