Presos: la regulación del uso de celulares divide opiniones

La regulación del uso de celulares dentro de las cárceles santafesinas era una deuda pendiente. Hace diez días, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios puso en vigencia una rigurosa modalidad para que se implementen los teléfonos y al mismo tiempo endureció las sanciones a quienes los usen sin autorización.

 

La normativa se publicó el sábado de la semana pasada, días después que una causa judicial ventilara escuchas telefónicas donde un líder de la banda Los Monos da directivas para realizar secuestros extorsivos; y luego de que otro cabecilla le mandara un mensaje desde su celda a una ex jueza penal que busca una banca como diputada nacional.

 

 

Cada vez son más los episodios que dan cuenta que la prohibición de los teléfonos es más ficticia que real, aunque no dejan de ser hechos aislados. En su mayoría, las personas privadas de la libertad usan celulares para hablar con familiares para no perder lazos afectivos mientras están en prisión. En diálogo con El Ciudadano, hombres y mujeres detenidos explicaron que los teléfonos dentro de la cárcel son un secreto a voces. “Cuando a las autoridades les conviene los encuentran”, dijo un joven que explicó que asume el riesgo de ser sancionado porque “es la única forma de comunicarnos con nuestras madres, nuestras esposas, nuestros hijos. Los teléfonos públicos no funcionan nunca”.

 

 

Según la resolución 7/17 firmada el 30 de septiembre, los celulares seguirán prohibidos como “regla general” pero habrá excepciones cuando en la unidad penitenciaria existan dificultades prácticas para garantizar la comunicación mediante telefonía fija, o cuando el penal se encuentre en una zona rural o sin acceso a la red telefónica.

 

 

En cualquiera de esos casos los presos que tendrán acceso al celular deberán tener buena conducta y no ser considerados por las autoridades como internos de “perfil alto”. Aún así, la resolución establece que “la utilización de teléfonos celulares no podrá tener lugar dentro del pabellón” y especifica que los aparatos estarán a cargo de un jefe de la Sección Correccional que llevará un registro de autorizaciones y facilitará su uso en los días y horarios que se establezcan.

 

 

Asimismo, los internos deberán registrar los números a los que van a llamar y esos datos quedarán a disposición de la Policía, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, además de las autoridades del penal donde se alojen.

 

 

En caso de que las autoridades descubran que se realizó una llamada para cualquier otro fin “que no sea la comunicación lícita con sus familiares y allegados, o para comunicarse con su defensor, se procederá de inmediato al traslado de establecimiento o pabellón, sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias y penales que pudieran corresponder”.

 

 

También será considerada una “falta grave” la tenencia clandestina de celulares y se aplicarán sanciones del mismo tenor. Como modo de prevención, la flamante resolución establece una intensificación de las requisas tanto en los internos como en las visitas. Y a los considerados de “alto perfil” los someterán además, al momento de regresar a su lugar de alojamiento, a tomas radiográficas.

 

 

El secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, explicó a este diario que “la toma de placas radiográficas es una medida excepcional, aleatoria, no continúa, porque sabemos que la exposición continúa a los rayos puede traer efectos negativos sobre la salud”.

 

 

La norma fue criticada por talleristas que hacen trabajo voluntario en penales rosarinos. Según dijeron a >El Ciudadano>, la norma “hace más rigurosas las sanciones” pero “no resuelve el problema” de la comunicación. “El que conoce el proceso interno y la situación de extremo control que hay en las cárceles sabe que si un interno pide su teléfono a las ocho de la mañana se lo van a dar con suerte a las ocho de la noche”.

 

 

Si los aparatos van a estar en poder de los empleados penitenciarios, dijo otro, los internos “quedan otra vez a expensas y voluntad del guardia de turno”. En ese sentido la norma “es un obstáculo total: ¿Quién le va a dar su celular un jefe de guardia? Con los celulares conocen toda tu intimidad. Es un objeto personal privado, íntimo”, dijo.

 

 

Desde ese ángulo, los talleristas opinaron que con la nueva norma “se va a penalizar más, a recrudecer la represión. Parece que el servicio penitenciario ha tenido que salir a reglamentar algo que ellos mismos les habilitan a algunos y a otros no. Porque en realidad, siempre sancionan a los perejiles”, dijo en relación a los casos que trascendieron sobre la banda Los Monos.

 

 

Por su parte, el abogado penalista Carlos Varela, que entre sus clientes tiene varios considerados de “alto perfil”, celebró que se reglamente el uso de celulares en los presos “para que no tengan un agravamientos de la detención porque es necesario para mantener la estabilidad emocional”.

 

En relación a la privación de ese derecho a los considerados de alto perfil dijo que si bien es una cuestión preventiva “tropieza con las garantías constitucionales” que tienen todos los internos: “No se puede en el mundo jurídico penal tener una actitud preventiva que tropieza con las garantías individuales que tienen las personas detenidas”, dijo.

 

 

Reglas de juego para las pelopincho

Además de regular el uso de teléfonos desde el Estado plantean lo mismo con las piletas de lona o plástico que mitigan el calor del verano en los penales. La polémica surgió a partir de una imagen de una pileta en el penal de Coronda, donde  Juan “Quique” Leiva, conocido barrabrava “sabalero” que se hizo célebre por un crimen posaba para la foto. Las autoridades del servicio penitenciario apoyaron en ese momento al director del penal y explicaron que no había inflingido ninguna norma. Pablo Cococcioni, secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe sostuvo que ese episodio dio pie a que evaluaran cómo seguir para adelante. Y argumentó que no es ilegal la instalación de piletas de lona dentro de prisiones. Pero ahora, decidieron elaborar una herramienta para conseguir uniformidad de criterios en toda la provincia con respecto a este tema.

 

 

Y dijo que buscan poner reglas claras para todo el mundo. “La idea es que sea un estímulo para los presos de buena conducta, en días y horarios de visita. Dentro de ese marco, los directores conservan sus atribuciones para autorizar las piletas o no, según el caso”, señaló el funcionario.

 

 

La normativa interna dispuesta por las autoridades establece siete puntos a tener en cuenta a la hora de autorizar el empleazamiento de piletines:

 

 

Deberá tratarse de pabellones destinados al alojamiento de internos “de buena conducta” y que a juicio del director “den muestras positivas de recuperación”.

 

 

Deberá requerirse el “expreso consentimiento de la totalidad de la población del pabellón y de la totalidad de las visitas”. En dicha autorización, se hará constar que “los niños y niñas que utilicen las piletas deberán hacerlo bajo supervisión estricta de las personas adultas bajo cuya responsabilidad ingresen al penal”.

 

 

La autorización estará limitada a los días y horarios de visita, con la finalidad primordial de mitigar los efectos de las altas temperaturas en niños, niñas, embarazadas, adultos mayores y otras personas en especial situación de vulnerabilidad.

 

 

Las piletas se autorizarán “únicamente para el uso en forma comunitaria y solidaria”. Cualquier práctica abusiva o discriminatoria dará lugar a la revocación de la autorización.

 

 

“Las piletas se armarán inmediatamente antes del ingreso de la visita, y se desarmarán inmediatamente después de su retiro”.

 

 

No se concederá la autorización a internos considerados “de alto perfil” o que tuvieran regímenes de “visita restringida”.