Obra pública: piden cupo de 5 por ciento para reclusos

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la provincia estudia un proyecto para la inclusión laboral de unos 4 mil reclusos que buscan su reinserción.

La obra pública brinda beneficios fiscales a las empresas y pretende la reinserción social de personas en problemas con la ley penal
La obra pública brinda beneficios fiscales a las empresas y pretende la reinserción social de personas en problemas con la ley penal

La iniciativa establece que un cinco por ciento de los trabajadores que se contraten para la obra pública tienen que pertenecer a este sector. Para poder trabajar en estas obras los detenidos deben estar bajo el régimen de libertad condicional y asistida, prisión domiciliaria, o próximos a cumplir la totalidad de su condena. Además, para las firmas que los contraten el Estado se hará cargo por tres años del 50 por ciento del pago de ingresos brutos por cada empleado.

La iniciativa fue presentada por el diputado socialista Joaquín Blanco en forma conjunta con la Dirección Provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

El bosquejo de la norma, según señaló su autor, “cuenta con características legislativas sin precedentes en territorio santafesino”. En tanto, destacó que uno de los objetivos principales es promover la inserción en el mercado laboral de una fracción de la población que asciende a unas 4.000 personas (que son a las que acompaña la dirección Post Penitenciaria en su reinserción), a través de trabajo remunerado, fomentando así oportunidades que eviten la reincidencia en el delito.

Vínculos y herramientas

El proyecto no sólo se refiere a la obra pública. También establece la capacitación laboral permanente y gratuita para los presos con la posibilidad de acceder a financiamientos de hasta 10 mil pesos por parte del gobierno provincial para emprendimientos familiares o cooperativas, como también una ayuda de 4.000 pesos proveniente del Estado nacional, a través del Ministerio de Trabajo.

No obstante, las personas que formen parte del programa deberán ser evaluadas por un equipo interdisciplinario y accederán al sistema de reinserción laboral mediante la orden de un juez. “Durante los procesos de inclusión serán acompañados por la Dirección Post Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, explicó Blanco.

Acerca del punto que obliga a que las empresas que licitan para la obra pública deban destinar un 5 por ciento del cupo laboral a los detenidos en condiciones de acceder a este beneficio, el diputado consideró: “Es una realidad que se trata de trabajos en los que se pueden capacitar fácilmente y el Estado lo puede ordenar a través de la ley, lo que no ocurre con comercios o industrias privadas que suelen mostrarse reticentes a contratar a ex presidiarios en relación de dependencia”.

Por la merma del delito

Blanco aseguró que otro de los objetivos fundamentales de la ley es contribuir a que merme el índice del delito en la provincia, ya que la norma parte de una “mirada ciudadana”. Al respecto, el diputado recordó datos de un estudio que asegura que el 60 por ciento de la población carcelaria que sale reincide.

“Los defensores públicos y fiscales nos plantearon que ocurren pequeños y grandes delitos que demuestran que el encierro no alcanza y si no hacemos un esfuerzo extra para incluirlos vamos a vivir en una ciudad cada vez más fragmentada”, concluyó Blanco.

En otro orden, la ley ofrece un incentivo a aquellas empresas privadas que paguen ingresos brutos, estableciendo que, en caso de que se emplee a una persona con las características que destaca la norma, el Estado provincial durante tres años puede descontar el 50 por ciento de los ingresos brutos de cada persona.

Incentivos y asistencia

Pablo Buffarini, director provincial de Control y Asistencia Post Penitenciaria de la provincia, dijo a El Ciudadano que las experiencias que se vienen llevando a cabo para la reinserción laboral de quienes están presos o están próximos a obtener su libertad han sido positivas. “Se realizaron emprendimientos y negocios en los que se capacitan desde hace varios años, con nuestro acompañamiento. Lo que haría la ley presentada por Blanco es obligar a las empresas que licitan para la obra pública destinar el cupo del cinco por ciento para que tengan empleo bajo relación de dependencia”, explicó el funcionario.

Cárceles

En este sentido, Buffarini reseñó que el área que integra está compuesta por agentes civiles y profesionales que visitan las cárceles para asistir a personas prontas a gozar de libertad asistida condicional. Para ello, aúnan el trabajo de diferentes áreas como Salud y Educación, entre otras, con entrevistas particulares para analizar la situación de cada uno y definir cuál es la mejor opción para la reinserción social.

“Una vez que la persona sale del penal se las acompaña y deben presentarse una vez por mes en la Justicia y allí se continúa trabajando en la cuestión social, generando políticas autogestivas, de salud y brindándoles herramientas para que realicen sus propios emprendimientos”, dijo Buffarini, y remarcó que casi un 70 por ciento de los tutelados está bajo probation (suspensión de juicio a prueba) o con prisión domiciliaria o libertad condicional.

Experiencias positivas y visto bueno de empresas

Existen en la provincia experiencias positivas en cuanto a la capacitación laboral de ex presidiarios. Uno de ellos es la panificadora Furman, de la ciudad de Santa Fe, lugar por el que pasan cientos de personas que salen de los penales para aprender el oficio.

“Hay personas que han pasado por allí y hoy tienen emprendimientos propios. También hay herreros y talabarteros que hicieron talleres de capacitación y actualmente ofrecen sus productos en la feria del Bulevar”, contó Pablo Buffarini y recordó que “la ley del legislador Joaquín Blanco habla de cupos obligatorios en la construcción, ya que las empresas privadas no quieren emplear a personas que tuvieron o tienen conflictos con la ley”.

No obstante, el titular de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, se mostró proclive a fomentar o que propone el diputado socialista, aunque fue cauto y consideró que “habrá que analizar si las condiciones son suficientes, ya que los empresarios tienen sus recelos; quizás las ofertas laborales no vengan de negocios pequeños pero sí de los sectores de la industria”.

Fuente: El Ciudadano & La Gente