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Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
El máximo tribunal dio lugar a la queja del abogado defensor del exintendente y otros dos funcionarios imputados en la muerte de 18 personas, tras el desborde del río Salado
A pocos meses de cumplirse el aniversario 14º de la inundación del 2003, la causa judicial que investiga la muerte directa de 18 personas, entre los últimos días de abril y los primeros de mayo de aquel año, develó un nuevo giro este jueves en el ámbito tribunalicio. Es que este jueves se confirmó que la Corte Suprema de Justicia resolvió abrir la queja presentada por la defensa del exintendente de Santa Fe, Marcelo Ignacio Álvarez, la cual busca declarar la inconstitucionalidad de la acción penal que lo tiene procesado al exmandatario.
Además de Álvarez, la causa tiene imputados a otros dos exfuncionarios, el exministro de Obras Públicas, Edgardo Berli, y el exdirector provincial de Hidráulica, Ricardo Fratti. Todos fueron acusados por el delito de estrago culposo.
La medida dictada por el tribunal máximo de Justicia decidió admitir el recurso de inconstitucionalidad que había sido presentado por el abogado de los tres imputados, Pablo Guastavino. Dicho recurso había sido presentado ante la Cámara de Apelaciones pero luego de que el tribunal de alzada rechazó la solicitud –en varias oportunidades–, el defensor recurrió a la Corte Suprema.
La cronología
La orden emitida por la Corte es parte de un laberinto judicial que se inició en abril de 2014, cuando el juez de Sentencia Nº 3, Cristian Fiz, rechazó el pedido de prescripción que había impulsado Álvarez. En ese entonces, el magistrado ordenó que la investigación continúe con normalidad.
Aquella decisión tomada tuvo nuevamente destino en la Cámara de Apelaciones, la cual en agosto del 2014 volvió a expedirse y declaró la excepción de prescripción de la acción penal ya que consideró que fue extemporánea, es decir, poco adecuada.
No conformes con la resolución de segunda instancia, a los pocos días la defensa presentó un recurso de insconstitucionalidad que fue denegado por la Cámara en marzo del 2015 tras ser declarado inadmisible.
Seis meses después, ya con la causa de vuelta en el tribunal de Sentencia, los abogados defensores volvieron a plantear el sobreseimiento de Álvarez a lo que el Juzgado de Sentencia resolvió declararlo nuevamente inadmisible ya que se trató de un planteo que ya había sido resuelto por la Cámara de Apelaciones.
Apelada la medida de Sentencia, el freno judicial obligó a que la causa quede estática y que otra vez vuelva al segundo piso de los tribunales santafesinos, a la Cámara. Posteriormente, en junio del 2016, un tribunal de jueces falló a favor de primera instancia.
Aquel fallo logró que los defensores de Álvarez planteen un nuevo recurso de inconstitucionalidad, el cual fue rechazado dos meses después por los jueces camaristas. Ese dictamen generó que los defensores se dirijan a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para presentar un recurso de queja, el cual fue admitido el pasado 7 de febrero del corriente mes.
El detalle
En su fallo, la Corte sostuvo que las postulaciones de la defensa cuentan a “prima facie” con suficiente asidero en las constancias de la causa por lo que “importan articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria”. En este sentido, el tribunal máximo advirtió, de igual manera, que es una apreciación mínima y provisoria “propia de este estadio”, sin que ello “implique adelantar una opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación”.
