Director de Migraciones dejó sutil mensaje en la Justicia federal

El ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Germán Garavano, desembarcó en Rosario para firmar un convenio de colaboración con la provincia y adelantó que dependiendo de lo que ocurra en materia electoral en 2018 presentarán una reforma del Código Procesal Penal nacional.

El ministro Garavano con su par Silberstein y el gobernador Miguel Lifschitz.
El ministro Garavano con su par Silberstein y el gobernador Miguel Lifschitz.

Adelantó que aumenta el número de jueces, aunque no quedó claro que incluya también más fiscales. Llegó con un alto funcionario de Migraciones, quien advirtió a los magistrados federales de “hacerse eco de las políticas del gobierno” y deslizó que habiliten una política de ingreso y salida de extranjeros donde “se permita elegir”. Garavano también buscó no polemizar sobre el proyecto de baja de la edad de imputabilidad anunciado por Cambiemos. “Pretendemos un abordaje integral que privilegie a los jóvenes”, soltó.

Citas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, llegó ayer a Rosario para suscribir, un convenio por 100 millones de pesos de asistencia y cooperación recíproca con la provincia. No fue la única actividad del ministro nacional. Se reunió con jueces y fiscales federales y les adelantó que se va a implementar el nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional y que será necesario sumar más jueces. No habló de sumar fiscales. Una respuesta similar había brindado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su visita al fuero federal, donde quedó claro, al menos para los funcionarios, que la pelea con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, está más vigente que nunca. Más peculiar, Garavano llegó junto con el director de Migraciones, Horacio “Toto” García, quien sugirió que los jueces estén a tono con la política de migraciones. García habló de la necesidad de aplicar “el extrañamiento”, es decir, la expulsión del país para extranjeros con condena. “Nos dijo que tenemos que hacernos eco de la política de migraciones del gobierno. Desde Migraciones no están en contra de la inmigración, pero quieren que se pueda elegir quién entra y sale”, contó un miembro del fuero federal que escuchó con asombro a García. Esta fuente también refirió que Garavano dijo estar consciente de la falta de recursos y la escasez  de jueces federales. Más tarde y en conferencia prensa, Garavano habló del nuevo Código como “la reforma más importante de la Justicia federal en por lo menos el último siglo”. Prevé duplicar los jueces federales, y magistrados de cámara, aunque no incluyó a los fiscales en la ecuación. De igual modo, Garavano dijo que habrá que esperar a 2018, después de que Cambiemos enfrente la primera gran prueba electoral desde el balotaje. Sobre el proyecto de ley baja de la edad de imputabilidad, el ministro dijo que se pretende “un abordaje integral que privilegie a los jóvenes y que rompa el cerco de jóvenes y delito. Esperamos que la ley (aún no se presentó el proyecto en el Congreso) refleje eso más allá de la edad en la que los jóvenes son imputados”.

El compromiso asumido

El convenio de asistencia y cooperación recíproca firmado ayer con la provincia será para adquirir equipos e insumos para trabajar en la escena del crimen, realizar estudios de ADN, de anatomía patológica y pericias documentales. También para investigar la información de los celulares secuestrados. El acuerdo beneficiará además al fuero penal federal rosarino. Se inscribe en el programa Justicia 2020 que impulsa el gobierno federal brindando apoyo a las provincias con la innovación judicial como objetivo. Durante la firma, el gobernador Miguel Lifschitz sostuvo que el convenio “es la punta del ovillo para encontrar una receta exitosa en el combate del flagelo del narcotráfico”.

En tanto, Garavano comunicó que el gobierno de Cambiemos aportará 100 millones de pesos para potenciar la investigación criminal en Santa Fe y fortalecer la Justicia provincial y federal. “Lo primero que se va a poner en marcha tiene que ver con equipamiento electrónico de última generación para todo lo que tiene que ver con el combate de la narcocriminalidad. En esa línea vamos a seguir trabajando las dos jurisdicciones juntas para tener una justicia que dé respuestas a la comunidad”, dijo Garavano.

Lifschitz dijo que el documento “implica un trabajo en conjunto, más allá del aporte económico que desde luego es muy importante, pero lo más significativo tiene que ver con esta voluntad de trabajar en un marco de cooperación entre el gobierno nacional y el provincial en un tema que con el correr de los años se fue convirtiendo en estratégico para las políticas de Estado, tanto en el nivel nacional como en las provincias”. Y añadió: “La realidad y la sociedad nos han llevado a poner el tema de la justicia en un primer plano en las preocupaciones de los gobiernos. En Santa Fe hemos venido construyendo una política de Estado en materia de desarrollo de la justicia en los últimos 10 años por iniciativa del gobierno y también por un importante consenso político establecido en la Legislatura”. Señaló también que el gobierno provincial “ha ido avanzando en el desarrollo del nuevo Código Procesal Penal, que se ha ido fortaleciendo y consolidando en los últimos años a base de una experiencia que fue capitalizándose positivamente, y que nos ha permitido ir mejorando todo el sistema de justicia penal en la provincia”.

Fuente: El Ciudadano & la Gente.