Colegio de Abogados se planta contra cambios en ley de ART

Pese a que su presidente, Racciatti, se postula como candidato a diputado por el PRO, le juega una mala pasada al gobierno que busca reducir la “industria del juicio”

Justicia. ¿Defensa corporativa?
Justicia. ¿Defensa corporativa?

Cuando sobre el final de la semana pasada el contenido del comunicado del Colegio de Abogados de Rosario sobre los cambios a la ley de ART llegó a manos de la conducción de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) disparó un comentario con mucha ironía: “Menos mal que su presidente juega para el PRO”. Es que la entidad que preside Hernán Racciatti, quien se prueba el traje para candidato a diputado nacional por Santa Fe de Cambiemos, se plantó duro contra las recientes modificaciones que, según los industriales, permite mejorar la lucha contra la industria de juicio. ¿Defensa corporativa del  negocio?

 

En efecto, la comunidad industrial apoyó los cambios que logró aprobar el gobierno nacional señalando que iban en la dirección correcta para reducir, lo que señalan, es –en definitiva- un negociado de “caranchos” que carcome las finanzas de las empresas y dispara el costo de la ART. Incluso, no dudaron en señalar aspectos frágiles en el punto central de los cambios, como que en Santa Fe sólo hay estructura del gobierno nacional en Rosario y la capital provincial para atender administrativamente a los denunciantes en las Comisiones Médicas a las que están ahora obligados a pasar los casos antes de llegar a Tribunales. Pero si algo los sorprendió fue tenor del comunicado de Racciatti en el que asegurando “la más enérgica defensa de los intereses” de sus asociados, informa que para frenar la implementación “promoverá las acciones que considere de interés en los ámbitos administrativos o judiciales que correspondan”, y que “solicitará al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo la no adhesión a la ley”. A continuación, algunos párrafos:

 

…”que las citadas disposiciones son pasibles de severas críticas, desde el punto de vista constitucional, avasallando la jurisdicción provincial, generando además instancias administrativas obligatorias de dudosa constitucionalidad, consagrando autoridad de “cosa juzgada” a decisiones administrativas y desconociendo el principio de progresividad, al cambiar los efectos de los recursos jurisdiccionales -ahora suspensivos- con lo cual se coloca al justiciable en una situación extrema de decidir, entre cobrar lo que dé la Comisión Médica, o apelar, sin percibir nada a cuenta, como lo establecía el régimen vigente hasta hoy”.

 

…”La forma en que se ha reglamentado la intervención de los letrados en las Comisiones Médicas, afecta decididamente la dignidad profesional, porque se ha establecido que la misma dependencia oficial proporcionara abogados para que asesoren gratuitamente a los trabajadores afectados que carezcan de abogados particulares, en un avance inadmisible del estado sobre nuestra actividad profesional, generando además una evidente competencia desleal”.

 

…”Todo el sistema administrativo de las Comisiones Médicas, son solventadas con aportes obligatorios a cargo de las ART, quienes ahora tendrán a su cargo el pago de honorarios profesionales que se deriven de la instancia administrativa, a excepción de aquellos casos en que el afectado actúe con el patrocinio oficial; esto implica un evidente perjuicio para la libertad de trabajo de nuestros afiliados, ya que las propias aseguradoras tendrán un evidente interés, desde el mismo momento en que se produce el siniestro, de evitar a toda costa que el afectado requiera libremente el servicio de defensa profesional particular, ya que de ese modo evitaran un costo adicional a su cargo (los honorarios)”.

 

Fuente: Punto Biz, información de negocios.