Farmacity: la suma del lobby empresarial y el poder político

Investigación

La mega-cadena de farmacias pertenece a un fondo de inversión. La provincia cuenta con una ley que establece que este tipo de negocios debe pertenecer a personas físicas.

 

Para entender de qué se trata la disputa sobre Farmacity, primero hay que indagar qué es una farmacia. ¿Cuál es su rol? Las farmacias son un punto sanitario, un servicio público, que además deben estar a cargo de profesionales farmacéuticos en la administración y el cuidado de los medicamentos. Entender esa concepción, donde lo primero es la salud, aunque sin caer en la ingenuidad de negar que se trata de un negocio, es entender que deben estar presentes en todas las localidades y en los barrios más vulnerables de las ciudades y bajo un marco regulatorio para que no queden libradas a la oferta y la demanda del libre mercado. La provincia de Santa Fe lo entiende así, por eso hace muchos años cuenta con la ley de Farmacia, que establece que los locales deben pertenecer a personas físicas (los farmacéuticos) y que, siempre que estén abiertas, deben contar con la presencia de un profesional universitario en la materia.

También lo entienden así la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones. Sin embargo, Farmacity, una mega-cadena de farmacias que pertenece al fondo de inversión Pegasus y que además de medicamentos vende en sus locales mercancías tan diversas como alimentos y electrodomésticos, transita los últimos pasos judiciales para destrabar su desembarco en territorio bonaerense. Una resolución del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, determinó que es inconstitucional la norma que prohíbe que las farmacias estén en manos de sociedades anónimas y que el pleito pase a la Corte Suprema. Es sintomático que este proceso, que lleva ocho años, se destrabe justo ahora que uno de los fundadores del grupo Pegasus y aún accionista de Farmacity, Mario Quintana, es vicejefe de Gabinete de la Nación. Lobby empresarial y poder político: un combo letal.

Otro dato a tener en cuenta: en la decisión del máximo tribunal de Justicia no deberían participar ni Carlos Rosenkrantz, quien patrocinó a Farmacity en cuestiones judiciales antes de llegar a la Corte; ni Horacio Rosatti, que cuando fue ministro de Justicia tuvo como asesora a Andrea Gualde, hoy directora de Asuntos Jurídicos de la empresa del fondo Pegasus. Casualmente ambos llegaron al tribunal propuestos por Mauricio Macri. Hay un antecedente: la Corte rechazó en agosto de 2017 la instalación de Farmacity en Mendoza.

Las aristas que se desprenden son muchas. Los debates que se vienen también. ¿Es inconstitucional prohibir que las sociedades anónimas posean farmacias? ¿Un fallo favorable de la Corte les permitirá ingresar en la provincia de Santa Fe? ¿El Estado debe dejar que los medicamentos queden en manos de un modelo cuyo principal objetivo es la rentabilidad? ¿Una megacadena que se instale con políticas agresivas de precios afectará a las farmacias tradicionales? ¿Se perderá o se creará empleo? El Ciudadano indagó a los principales actores santafesinos del rubro para desentrañar este panorama.

¿Es inconstitucional?

“Santa Fe tiene la misma situación que la provincia de Buenos Aires y hay un planteo de Farmacity ante el gobierno santafesino desde hace ya algunos años. Por cuestiones estratégicas sólo judicializó el tema en la provincia de Buenos Aires y no en otros distritos donde tiene el mismo problema. Ahora el tema está camino a que la Corte Suprema resuelva. Si resuelve a favor de Farmacity, será aplicable en todo el país”, consideró el abogado constitucionalista Domingo Rondina.

“En tanto y en cuanto se asegure la atención permanente, presencial, de un profesional universitario farmacéutico, es inconstitucional impedir que las sociedades tengan farmacias. La ley provincial dice que los dueños de farmacias solo pueden ser personas físicas, farmacéuticos, entonces impide que una persona jurídica sea dueña de una farmacia. Es una norma monopólica que además afecta competencias del Congreso. Las provincias no pueden restringir el funcionamiento de las sociedades comerciales que están regidas por una ley nacional”, advirtió Rondina.

“El de las fronteras provinciales es un mecanismo muy problemático porque nos disgrega como estructura de país. Es una norma anticuada que responde a otra época de país, a otra situación de los consumos y que ha sido dejada de lado en la mayoría de las provincias argentinas”, finalizó.

“Avasalla el federalismo”

El presidente del Colegio de farmacéuticos de Santa Fe, Cándido Santa Cruz, se mostró “preocupado” por el “avasallamiento al federalismo”. “Que las provincias tengan una ley sanitaria y que se vaya a la Corte y que por conveniencia política se avasalle a la institución provincial, la verdad que no es nada grato ni saludable políticamente”, dijo.

“Santa Fe tiene un modelo sanitario para farmacias con una distribución de los locales de una determinada forma, con un sistema de turnos y de guardias que garantizan el acceso al medicamento a toda la población, no solamente a la que vive en el microcentro que es donde se terminan de instalar estos farmashoppings sino en los barrios más vulnerables. No estamos en contra de una marca sino de un modelo sanitario”, agregó.

“En el mismo lugar donde deberías conseguir un medicamento para tu salud, te están ofreciendo papas fritas. Hay una discordancia bastante importante. Nosotros tomamos a las farmacias como un verdadero punto sanitario. Es lo que más nos preocupa: el cambio de un modelo sanitario por otro que tiende más a una rentabilidad economicista que a la salud de la población”, expresó.

Respecto a las promociones agresivas que implementa Farmacity al arribar a un nuevo mercado para eliminar a la competencia, resaltó: “Para ganar mercado tientan al público con ofertas que son importantes porque tienen espalda y resto para hacerlo, con lo cual va a ser difícil competirles. Cuando ya ganó su mercado, no necesita tener esa promoción agresiva y por ende el beneficio que obtiene la población tiene fecha de vencimiento. A corto o largo plazo termina siendo el mismo producto con la diferencia que ahora las personas que viven en los barrios se van a tener que trasladar a los lugares donde están estas megaempresas”.

“Seguramente la marca cuando logre instalarse se va a vender a un capital extranjero, si ya no lo es. Terminará siendo una empresa extranjera donde todas las ganancias que obtengan partirán hacia afuera. Hoy todos los farmacéuticos son argentinos, no desviamos los fondos hacia el extranjero, queda el capital en Argentina”, remarcó Santa Cruz.

“Distorsionan el mercado”

El presidente de la Cámara de Farmacias de la provincia de Santa Fe, Daniel Carnevale, confía en que un eventual fallo de la Corte no sea trasladado automáticamente a Santa Fe porque dictaminaría sobre “un tema particular” de Farmacity en suelo bonaerense: “La ley de Farmacia es provincial, no es nacional. Acá tendrían que cuestionar la ley o modificarla”.

“Si me preguntás en cabeza de quién deberían estar las farmacias, creo que tiene que tener delante del establecimiento a un farmacéutico, que es un profesional. Además que las farmacias son un derecho público, un servicio público”, agregó.

“¿Farmacity ocasionaría daño en la ciudad? Evidentemente sí porque no coloca las farmacias donde se necesitan sino donde más venden. Nosotros defendemos a la farmacia argentina. Estos son capitales foráneos que hoy están en el negocio de farmacias y mañana en los quioscos y pasado en el de las cubiertas. Van atrás de la rentabilidad. Creo que con el poder económico y de lobby político pueden distorsionar un mercado que está medianamente acomodado”, concluyó Carnevale.

“Vínculo con el farmacéutico”

Desde la Asociación de Trabajadores de Farmacias de Rosario (Atfar), su secretario general, Gustavo Rosi, prefirió la cautela para referirse a un posible desembarco de Farmacity. Para el gremialista “siempre es bueno que se abran fuentes de trabajo” aunque prestando atención a que “no se caigan más de las que se crean” y anticipó que viajará a Capital Federal para interiorizarse sobre un territorio donde la megacadena de farmacia opera hace varios años.

“La creación de las fuentes de trabajo se tendrá que dar en el marco regulatorio que es el convenio colectivo de trabajo, pagar el salario adecuado, respetar la jornada laboral. Como tendrán el derecho de instalar la empresa, tendrán las obligaciones con sus trabajadores”, remarcó.

“Acá hay que definir si tomamos a los medicamentos como un bien social o como algo netamente comercial. Con el farmacéutico generás un vínculo de confianza, a veces te espera con el pago. Las empresas tienen una actividad netamente comercial y no tienen esa atención personalizada”, finalizó Rosi.

Dos intentos fallidos de desembarco en Santa Fe

Farmacity intentó en dos oportunidades instalarse en la provincia de Santa Fe, en 2009 y en 2016. En ambos casos el gobierno santafesino rechazó el desembarco al hacer prevalecer la norma provincial 2.287, que no permite que las sociedades comerciales sean propietarias de farmacias.

El 23 de marzo de 2009 Mario Quintana, por entonces presidente de Farmacity y hoy vicejefe del Gabinete nacional, presentó una solicitud en la que cuestionó la norma santafesina y solicitó que la empresa pueda ser propietaria de farmacias, que se autorice a Farmacity a establecer y explotar los locales y se haga lugar a las posteriores habilitaciones de cada local.

Esa presentación motivó una respuesta del fiscal de Estado, por aquel entonces Jorge Barraguirre, que desestimó el pedido de Farmacity al no respetar la ley provincial de Farmacia que establece que los locales deben estar en manos de un farmacéutico y no por personas jurídicas. La res-puesta se plasmó en el dictamen 1.233 del año 2010 y fue refrendada por el decreto 2.161 del año 2011 firmado por el propio Barraguirre y el gobernador Hermes Binner.

Farmacity decidió no judicializar el tema y desistió de forzar su instalación. Hasta el año 2016, donde volvió a la ofensiva. Esta vez intentó habilitar una farmacia pun-tual en la ciudad de Santa Fe, en la calle 4 de Enero al 2700. Nuevamente fue impugnada por el departamento de Inspección de Farmacia, que denegó la habilitación por no cumplir con los términos de la ley santafesina. Farmacity apeló la decisión y el 7 de noviembre el gobernador Miguel Lifschitz y el por entonces ministro de Salud Miguel González la rechazaron mediante el decreto 3.921.

“La norma es razonable. Nosotros hicimos esa interpretación en base a la ley vigente. Si me preguntás si la ley podría modificarse, yo creo que un monopolio comercial en la entrega de medicamentos no está bueno porque no hace al cuidado de la dispensa de medicamentos. En la provincia siempre hemos tenido la tradición de pensar que las farmacias tienen que estar en manos de farmacéuticos. En ese sentido, estamos cuidando un formato donde el farmacéutico sea el titular de la farmacia”, expresó el ex ministro González a El Ciudadano.

Para esquivar la prohibición y prepararse para cuando obtengan vía libre, Farmacity instaló dos locales, en Rosario y en Santa Fe, llamados Simplicity que tiene a la venta la misma mercadería que los locales de Farmacity con excepción de medicamentos, el rubro que le genera problemas.

 

 

Fuente: El Ciudadano Web.

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