A pesar del fallo de inconstitucionalidad, el juzgamiento a fiscales es ley

Este jueves el Senado dio sanción definitiva al proyecto que modifica la norma que reglamenta el control a fiscales y defensores de la provincia

 

El poder político está convencido de que la Legislatura es el ámbito adecuado para hacerse cargo del juzgamiento de las faltas graves de los fiscales y defensores de la provincia. A pesar de que este miércoles se conoció un fallo de la Cámara Laboral de Apelaciones de Rosario que declaró inconstitucional la ley que dejaba en manos del Poder Legislativo el juzgamiento de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de los del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), el Senado dio sanción definitiva a la iniciativa que modifica la ley que reglamenta el control y sanción a fiscales y defensores de la provincia.

 

Algunos legisladores fueron más tajantes y otros más cautos, pero la mayoría coincide en rechazar el fallo de inconstitucionalidad y hasta adelantaron que Fiscalía de Estado apelará la sentencia para que el tema llegue a la Corte Suprema de Justicia.

 

“Me parece que (el fallo) no condice con los principios republicanos y con la letra y el espíritu de la Constitución provincial y nacional. Todos los poderes, absolutamente todos los poderes del Estado y las entidades deben tener controles”, definió el senador Joaquín Gramajo (9 de Julio-PJ) en diálogo con UNO Santa Fe.

 

“El Poder Ejecutivo, el gobernador de la provincia, está sujeto al control del Tribunal de Cuentas como así también de un juicio político ante inconductas; el Poder Judicial, ante los jurys; el Poder Legislativo también tiene los controles del Tribunal de Cuentas como también en casos de inconductas podemos ser destituidos”, argumentó el legislador que integra la comisión bicameral de Acuerdos, que es el órgano que recibe las denuncias contra fiscales y defensores.

 

Gramajo recordó que este tema se discutió al momento de votar la ley, en noviembre del año pasado, que le quitaba la potestad de juzgamiento a la Auditoría General del MPA para pasársela al Legislativo y dijo que “ahí los fiscales hicieron una movida periodística que de alguna manera no respetaba el contenido de la ley” para intentar que el Ejecutivo la vete, algo que el gobernador Miguel Lifschitz no hizo amparándose en que la norma había sido votada por unanimidad en ambas cámaras.

 

Adrián Mc Cormack y Sebastián Narvaja son dos fiscales rosarinos que están investigando a algunos senadores por el supuesto mal manejo de fondos públicos. Mientras que ambos son apuntados por esos mismos legisladores por un supuesto mal desempeño de sus funciones, lo que ahora debería ser juzgado por diputados y senadores.

 

Justamente Mc Cormack y Narvaja son quienes apelaron el fallo de primera instancia y consiguieron que la Cámara Laboral de Apelaciones declare inconstitucional los cambios a la ley que dejaron en manos de la legislatura su posible juzgamiento. Atrás del fallo a favor de estos dos fiscales viene una acción colectiva que seguiría el mismo camino.

La cámara alta aprobó el proyecto que se sancionó hace 15 días en Diputados.

 

“Hoy encontraron una cámara donde por dos votos a uno se logró obtener una sentencia que declara inconstitucional la ley”, se quejó Gramajo y agregó: “Me quedo con el voto del vocal que confirmó el fallo de la primera instancia”.

 

Mientras que ante la pregunta de cómo sigue esta disputa, respondió: “La provincia tendrá que apelar, me imagino”.

 

En ese mismo sentido se expresó el senador radical Lisandro Enrico (General López), quien ejemplificó que “así como Cristina Fernández está siendo enjuiciada por un juez, también el Poder Legislativo o el Ejecutivo pueden tener normas de control sobre el Poder Judicial, si no habría un poder que es intocable y esto no es así”.

 

“La Cámara entendió que esta ley es inconstitucional por un par de disposiciones. Nosotros creemos que es constitucional y obviamente habrá que apelarla de parte del Estado. Por lo que tengo entendido el Fiscal de Estado, Pablo Saccone, va a apelar ese fallo”, adelantó Enrico en diálogo con la prensa.

 

Un poco más cauto fue el diputado radical, Santiago Mascheroni, quien prefirió no opinar sobre el fallo de la Cámara Laboral de Apelaciones de Rosario y remarcó que con las últimas modificaciones que se hicieron, y que este jueves terminó de sancionar definitivamente el Senado, se salvaban algunas deficiencias de los cambios que se introdujeron el año pasado.

 

“Yo puedo no estar de acuerdo con el fallo pero respeto los pronunciamientos de la Justicia”, dijo Mascheroni y aclaró: “Ese fallo no está firme, puede ser apelado. De todas maneras el escenario que teníamos cambia porque ya hace tiempo había voluntad política de introducir cambios. Por lo tanto, si la ley finalmente se aprueba en el Senado (algo que finalmente ocurrió), el escenario es totalmente distinto”.

 

“Yo no quiero abrir juicio de valor sobre un fallo que hay que analizarlo muy puntualmente y no es esta nuestra intención. Yo me enteré por la prensa de ese fallo y dije que no quería comentarios, no porque no tenga opinión, sino porque creo que no se debe opinar contra los fallos desde el punto de vista de atacarlos en el sentido instrumental. Si se apela, va a una instancia superior y si se revé eso, bien. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia es el organismo específico para discutir cuestiones de constitucionalidad”, aseguró.

 

Uno de los pocos legisladores que dejó ver algunas diferencias en el enfoque político fue el diputado provincial de Cambiemos y presidente del PRO en Santa Fe, Federico Angelini.

 

Si bien dejó en claro que los tiempo ya se dilataron demasiado porque “es un tema al que se le tiene que dar una solución de una vez por todas”, también abogó por la independencia de los poderes. “Me parece que este proceso que se está empantanando permanentemente no está dando buenos resultados para un sistema que es muy importante para el funcionamiento de la Justicia y de la independencia de los poderes”, dijo.

 

Y ante la pregunta de UNO sobre si tiene que haber un control político de los fiscales, Angelini insistió: “Yo creo en la independencia de los poderes”.

 

Luego de un 2017 donde hubo varios cruces entre la política y los fiscales, como las escuchas al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro; el allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe por el supuesto desvío de fondos; y la investigación cruzada entre senadores y los fiscales rosarinos, el año finalizó con la sanción de la ley que dejaba en manos de los legisladores el proceso de enjuiciamiento de los funcionarios del MPA y del SPPDP.

 

Pero las idas y vueltas del poder político hicieron que recién un año después de esa decisión la Legislatura tenga un reglamento para llevar adelante esos procesos. Pero justo ahora la Justicia lo declaró inconstitucional. La disputa entre los poderes sumó un nuevo capítulo y, está claro, no será el último.

 

 

 

 

Nota: Diario Uno Santa Fe

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